En el remoto pueblo de Shakahati, Bangladesh, una familia humilde debió huir a la capital con nada más que la ropa que traía puesta luego de que una feroz inundación arrasara con su hogar en cuestión de horas. Desamparados y sin recursos, esta es la realidad que millones de personas sufren cada año.
La condición de desplazado ambiental se atribuye a toda persona forzada a emigrar debido a alteraciones graves en su entorno natural que imposibilitan la subsistencia, tales como inundaciones, terremotos o sequías prolongadas, fenómenos a su vez exacerbados por el cambio climático.
Sus efectos no se reducen a la pérdida de vivienda y de bienes materiales, sino que también trae aparejado el desarraigo de una vida construida en torno a una comunidad dada, debiendo enfrentarse a la incertidumbre de encontrar nuevas formas de subsistencia y reconstruir su tejido social en destinos y culturas que les son ajenos, siendo a menudo víctimas de discriminación y marginación.
Por otra parte, a diferencia de los refugiados por conflictos armados y causas políticas, los desplazados ambientales no están amparados por un marco jurídico internacional específico. Esto se explica en que la mayoría de los casos consisten en migraciones al interior de los propios países. Al quedar relegados al vacío legal, no les son reconocidos derechos tales como el acceso al asilo, la protección o la asistencia internacional, agravando su vulnerabilidad.
Solo en 2022, los desplazamientos internos por causas climáticas alcanzaron un alarmante pico de 32.6 millones, esto es un 41% más que el promedio anual de la última década, de acuerdo a los datos recopilados por el Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC). Más aún, los expertos estiman que dicha cifra aumente en los años venideros. Así, un informe del Banco Mundial prevé que para el 2050 el éxodo verde alcance a más de 200 millones de damnificados.
En lo concerniente a las causas, gran parte de los nuevos desplazamientos son consecuencia directa de cambios abruptos en el clima que derivan en desastres naturales. Particularmente, las inundaciones constituyen el evento más común, motivando seis de cada diez desplazamientos internos.
Cabe destacar, que este fenómeno afecta de manera irregular a países en desarrollo, siendo una abrumadora mayoría de las víctimas provenientes de naciones que enfrentan múltiples desafíos socioeconómicos severos. Para dimensionar, cerca del 70% de los casos registrados en 2022 por el IDMC se concentran en Pakistán, Filipinas, China, India y Nigeria. Análogamente, dicha estadística deja ver como ciertas regiones del mundo son más vulnerables que otras, siendo Asia la jurisdicción más amenazada.
Ese año, la temporada de monzones llevó a que un tercio del territorio pakistaní quedase sumergido bajo la marejada, cobrándose la muerte de más de mil personas, forzando el éxodo de 8,2 millones de habitantes -cifra equivalente a un cuarto de los casos totales- y dejando al país en estado de emergencia sanitaria y alimentaria. Siniestros de esta magnitud son moneda corriente en el país asiático. Durante el siglo pasado, Pakistán fue testigo de 28 inundaciones devastadoras, evidenciando un deterioro sin precedentes. Al respecto, el Secretario General de la ONU declaró que el pueblo pakistaní es víctima de una ‘sombría injusticia climática’, siendo que es responsable de menos del 1% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
Empero, la decisión de emigrar no responde únicamente a la existencia de una amenaza directa sobre la propia integridad física, sino que también es producto del deterioro de los medios de subsistencia. En esta dimensión cabe destacar el caso de Nueva Delhi. La producción agrícola constituye uno de los pilares de la economía india, a ella se le atribuye más del 15% del PBI y del 40% de la fuerza de trabajo empleado. En la última década, la región de Marathwada es objeto de sequías cada vez más prolongadas y demoledoras, siendo que población ha vivido históricamente de los cultivos. Allí, la incapacidad para soportar las pérdidas de las cosechas devino en un récord de suicidios de 422 agricultores en un año y en un incremento sustantivo en el número de desplazados.
Estos ejemplos dejan ver un patrón claro: los países más damnificados por este fenómeno son además más vulnerables a padecer los efectos del cambio climático, considerando sus altos niveles de pobreza, sus infraestructuras precarias y su población altamente dependiente de la agricultura de subsistencia, limitando su capacidad de adaptación y resiliencia.
Repercusión en América Latina y Ley Colombia
Si bien no es asimilable a los niveles de emergencia humanitaria alcanzados en el continente asiático, en América Latina fenómenos meteorológicos como La Niña y El Niño inciden negativamente en la población de forma cada vez más evidente e incrementan el riesgo de desplazamiento, dentro y fuera de las fronteras nacionales.
Alrededor de dos millones de latinos debieron emigrar el pasado año frente a las inundaciones, sequías, temperaturas extremas e incendios forestales, correspondiendo solamente a Brasil la mitad de los casos registrados, seguido por Colombia, Haití y México.
Como se mencionó anteriormente, los desplazados ambientales no están amparados por un marco jurídico internacional específico y, en nuestra región, tampoco son contemplados como sujetos de derecho a nivel nacional. Dicha afirmación dejaría de ser cierta en caso de aprobarse el Proyecto de ley de desplazamiento por causas climáticas, debatido en el Congreso colombiano el presente año. De ser ratificada, dicha legislación será pionera en Latinoamérica.
El documento presentado se propone reconocer la condición de desplazamiento ambiental forzado y, subsecuentemente, ordenar la realización de un registro que cuantifique el número de personas víctimas del mismo diagnóstico. De esta forma, las autoridades competentes evaluarían la magnitud del problema y las comunidades afectadas podrían acceder a medidas de asistencia y protección adicionales, en virtud de su situación.