Luego de tres días de sesiones, debates y reuniones, finalizó la tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP 3 de Escazú) en Santiago de Chile.
En el marco de la misma, se dió un hito significativo para la región: la aprobación del Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Como dijo el Presidente de Chile, Gabriel Boric, durante la inauguración de la COP 3 el pasado 22 de abril, fecha en que se conmemora el Día de la Tierra, “el Acuerdo de Escazú viene a defender a quienes defienden la vida”
“Este plan busca garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Además, ofrece lineamientos y acciones para avanzar en la protección de las personas defensoras. Esta hoja de ruta deberá ser complementada con un programa de implementación regional”, explicó Cristián Fernandez, coordinador del área de Asuntos Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
La representante del público electa por Brasil, Joara Marchezini, planteó la necesidad de que este programa se elabore en un plazo de 6 meses identificando responsables y fuentes de financiamiento. Este proceso de elaboración debe contar necesariamente con la participación del público.
Fernandez destacó también que, si bien la aprobación de este plan es un gran paso para seguir protegiendo los derechos de las personas defensoras ambientales, “para que la implementación del Acuerdo funcione como debe, los Estados partes deberán avanzar con planes de acción a nivel nacional teniendo en cuenta los diagnósticos y necesidades específicas de cada país”.
Además, durante la cumbre varios países de la región dieron un paso importante al presentar sus respectivos Planes Nacionales para la Implementación del Acuerdo de Escazú. Argentina fue uno de ellos. Augusto Paz, director nacional de Relaciones Institucionales y Educación Ambiental en la Subsecretaría de Ambiente, y Corina Lehmann, directora de Asuntos Ambientales de Cancillería, estuvieron presentes en representación del país.
Argentina cuenta con un plan de implementación del Acuerdo de Escazú que fue publicado a fines de 2023. Sin embargo, Fernandez explicó que “la problemática que se da con este plan es que el cambio de gobierno generó modificaciones en el organigrama oficial, afectando a organismos que tenían previsto aplicarlo. Hoy hay incertidumbre sobre cuándo y cómo lo van a aplicar. En Argentina todavía queda mucho camino por recorrer, queda conocer de qué manera concreta, específica, con qué responsables, con qué planes de trabajo se va a llevar adelante en el día a día la implementación de este tratado”.
“Tener un plan es positivo, pero para que no se convierta en una mera declaración vacía de contenido es necesario que tenga un seguimiento diario y que cada acción que se lleve adelante sea efectiva,siguiendo los lineamientos establecidos en el plan”, finalizó Fernandez.
¿Quiénes son las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales?
De acuerdo al documento “Promover la mejora de la protección de los defensores del medio ambiente” publicado por ONU Ambiente, se considera defensor del medio ambiente a toda persona que defienda los derechos ambientales, en particular los derechos constitucionales a un medio ambiente limpio y saludable, cuando su ejercicio se vea amenazado. En general, los defensores del medio ambiente se implican en sus actividades por pura necesidad; algunos ni siquiera se consideran defensores de los derechos ambientales o de los derechos humanos.
Durante la COP3 de Escazú estuvieron presentes varias personas defensoras de distintos países de la región. Karen Güérez, del pueblo indígena xánika y miembro de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, expresó: “Nuestro país siempre ha violado derechos humanos y más aún los derechos de los pueblos indígenas. Actualmente, en nuestras regiones hay mucha persecución y no hay protección por parte del Estado”. Perú es uno de los países que firmó el Acuerdo de Escazú pero aún no lo ha ratificado. En este sentido, Güérez explicó que “este tratado regional para las mujeres y pueblos indígenas es necesario porque es una herramienta que va a salvaguardar sus vidas y sus derechos colectivos”.
Por su parte, José Braga, de la ciudad de Iguatu, en el estado de Ceará, al nordeste de Brasil, y delegado nacional de la juventud de Brasil, advirtió que “es sumamente importante que el Acuerdo de Escazú se aplique y ratifique en Brasil porque este acuerdo garantiza el acceso a la información, la justicia, la participación pública y, sobre todo, la defensa de los ambientalistas, que son personas constantemente perseguidas y ven sus vidas y las de sus familias puestas en riesgo por luchar por una causa que debería ser común”. Al igual que Perú, Brasil aún no ratificó el Acuerdo de Escazú.
También estuvieron presentes durante la COP una delegación de Asia y otra de África para intercambiar experiencias y aprender sobre cómo la sociedad civil y los gobiernos de América Latina y el Caribe fueron capaces de lograr el Acuerdo de Escazú. Alfred Brownell, de la República de Liberia, en África Occidental, explicó: “Estoy liderando la campaña a favor de un marco jurídico de derechos ambientales similar al de Escazú, centrado en los principios fundamentales de los derechos ambientales como acceso a la justicia, acceso a la información, participación pública, acceso a un mecanismo de reparación. Estas son las cuestiones con las que estamos luchando en África”.
Por último, Brownell advirtió: “Hasta que no tengamos un marco obligatorio que la gente pueda utilizar para proteger su tierra y sus recursos, no vamos a poder hacerle frente a la crisis climática. Y esta es una cuestión muy importante, no solo para ustedes, sino también para nosotros en África. Porque mientras hablamos, cada semana, más de cinco defensores del ambiente y cientos de indígenas son asesinados”.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo con disposiciones específicas para la protección de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.
