A través del decreto 888/2024 el Poder Ejecutivo de la Nación eliminó el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE).
El FOBOSQUE, creado en 2018 mediante la Ley 27.431, se estableció como un fideicomiso de administración y financiero que debía operar en todo el territorio de la República Argentina, conforme a los alcances y limitaciones establecidos por las normativas pertinentes. El objetivo de este Fondo Fiduciario fue implementar medidas para la protección de los bosques, en el marco de la contribución nacional presentada por Argentina al Acuerdo de París. En términos prácticos, su finalidad era facilitar la gestión del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN).
¿Por qué es tan importante el buen manejo del FNECBN? El motivo es que fortalece la capacidad de las provincias para llevar a cabo proyectos de conservación, restauración y manejo sostenible. A su vez, facilita el control de la deforestación, el apoyo a las comunidades locales y la implementación efectiva de los objetivos establecidos en la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Bosques Nativos.
Entonces, ¿cuál es el problema con la medida tomada por el gobierno nacional? El problema es que aunque el Decreto 888/2024 no elimina el FNECBN, sí complica considerablemente su administración. Lo mismo se debe a que el Fondo Fiduciario proporcionaba dos aspectos clave: en primer lugar, transparencia, ya que permitía transferencias directas a los beneficiarios de los planes de manejo y conservación de los bosques nativos; y en segundo lugar, generaba rentabilidad mientras los fondos aguardaban ser transferidos, un factor crucial en un contexto de alta inflación.
Entre las razones que el gobierno nacional esgrimió para justificar esta medida, se destaca el "déficit de capacidad institucional y logística de las jurisdicciones para informar y evidenciar la efectiva aplicación". Esta justificación no sólo puede resultar ofensiva para los gobiernos de las provincias, sino que también carece de fundamento: no cuestiona la existencia del FOBOSQUE en sí, sino su forma de administración. Se puso en duda la capacidad de las instituciones provinciales para informar y evidenciar el uso del fondo, no el valor del mismo, por lo que eliminarlo no es una solución. Las deficiencias de las autoridades provinciales no deben ser un argumento para la disolución de herramientas que facilitan el cumplimiento de leyes, en este caso de la Ley 26.331 antes mencionada.
Decisiones de este tipo, por un lado, van en contra de las tendencias globales. Como sabemos, los mercados internacionales de materias primas, como la soja, el trigo y la cebada, en gran parte producidos en los bosques argentinos, exigen que estos productos sean libres de deforestación. De esta manera, el país tendría una mala imagen en el mercado mundial. Por otro lado, está decisión incumple los compromisos climáticos y de biodiversidad asumidos por Argentina a nivel global, como el Acuerdo de París. En un contexto de cambio climático donde mayor énfasis se pone a la conservación de la diversidad forestal, el gobierno de Milei eliminó el Fondo Fiduciario que administraba el Fondo Nacional destinado a la protección de bosques nativos… ¿Es esta una medida lógica?